“En la Delegación de Agricultura estamos finalizando un estudio en el que hemos calculado que Almería pierde cada campaña por el veto ruso unos 180 millones de euros”, decía ayer el secretario provincial en Almería de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, José Antonio Aliaga, durante las conclusiones de la jornada organizada por La Caixa y el periódico El Mundo en el hotel NH Ciudad de Almería.
Datos que avalan el nada desdeñable peso del mercado ruso en las exportaciones almerienses. Aunque la cuota de Rusia en el cómputo total de la exportación de esta provincia estaba en porcentajes de un dígito, lo cierto es que dicha cifra (podía suponer en volúmenes reales entre un 6-7%) sumada al veto más reciente de Rusia a Turquía, ha provocado que se estreche aún más el margen de maniobra en el mercado continental, ya que Turquía ha dejado de vender a Moscú para hacerlo a los mercados europeos.
Una mínima regulación de precios
En el transcurso de la jornada el representante de la Junta, José Antonio Aliaga, describió un escenario de fuerzas desiguales. Mientras que por un lado grupos de la distribución europea aglutinan facturaciones millonarias, se puso el ejemplo de los 70.000 millones de euros de una firma gala, en el otro lado de la balanza sectores productores como el almeriense no llegan a los 2.500 millones de euros. Tal desigualdad entre los eslabones de la cadena justificaría la necesidad de una “cierta regulación del sector agroalimentario”, en palabras de Aliaga, para así poder garantizar la supervivencia de los productores.
En términos similares se expresó el máximo responsable de Coexphal, Juan Colomina, que explicó las diferentes actuaciones, según de qué país de la UE se trate, de su organismo o comisión nacional de la competencia. Un ente que es flexible en el caso francés, incluso adaptándose a ciertas situaciones puntuales de crisis de precios, e inflexible en el caso español. La normativa impide pactar precios. Colomina abogó entonces por buscar fórmulas que ayuden al agricultor a soportar los costes de producción, y no se vea abocado a la quiebra.
Tesis en la línea de lo que defienden las organizaciones agrarias españolas en los últimos años. Sin embargo, las diferencias con el modelo francés son amplías, ya que la Interprofesional en Francia tiene sentada en la misma mesa a la distribución, mientras que en España no ocurre así.
Ana Rubio