Sudáfrica es un competidor del sector citrícola español y lo será aún más tras la aprobación ayer en el Parlamento Europeo de un acuerdo preferente con este país, que en la práctica supondrá una competencia más agresiva con los operadores nacionales, ya que supone la eliminación de aranceles a la importación de cítricos sudafricanos.
Al igual que con otros acuerdos con terceros, véase el del tomate con Marruecos, las organizaciones de productores, como Asaja, Coag y otras entidades como Cooperativas Agro-alimentarias, lamentan que no se haya hecho un estudio de impacto, ya que los cítricos de Sudáfrica tendrán un calendario más amplio, pudiendo entrar en el mercado europeo durante noviembre, coincidiendo con las producciones españolas.
Los productores también critican que Bruselas no haya tenido en cuenta la mancha negra, una amenaza fitosanitaria que preocupa ya que se ha detectado en diferentes ocasiones fruta sudafricana contaminada. Los operadores nacionales reclaman a la Unión Europea medidas para impedir la introducción y propagación de la mancha negra en España.
Según datos de Coag, 600.000 hectáreas de plantaciones europeas están enfrentadas a la amenaza y el riesgo cierto de propagación y contaminación de la enfermedad de la mancha negra.
400.000 toneladas de naranjas sudafricanas
Por otra parte, las organizaciones españolas han alertado sobre la situación del mercado comunitario: muy saturado, en el que ya entraron en 2015 más de 400.000 toneladas de naranjas sudafricanas y que está aún más copado, después del veto ruso a las importaciones de la UE. Las organizaciones han lamentado finalmente, la falta de reciprocidad y el desequilibrio entre las negociaciones de la administración europea destinadas a abrir las puertas de la UE –“que son extremadamente rápidas, eficaces y opacas”– y la política comercial ofensiva de la UE, incapaz de eliminar los aranceles
Las organizaciones no se han mostrado ajenas al espíritu de estas concesiones de las instituciones comunitarias hacia los estados de África del Sur, que persiguen el propósito de ayudar al crecimiento económico de esa región a través de su apoyo a su sector agrícola. Sin embargo han reclamado su legítimo derecho a contar, ellos también, con “el apoyo de la UE para crecer económicamente”. A través de la carta remitida hace unos días criticaban también la falta de transparencia, la ausencia de un estudio de impacto y de medidas compensatorias para los perjuicios que ocasionaría el Acuerdo.
Ana Rubio